Prácticas Pedagógicas, Género y Reforma Educativa. Parte II

2.1 Red síntesis de relaciones entre Variable Macro y Factores intervinientes en el problema de estudio.

2.2 Análisis e interpretación de la relación de variable Macro y Factores intervinientes .

2.2.1 Proceso de Modernización del Estado y Políticas Públicas en Chile

Uno de los aspectos más significativos del proceso de consolidación democrática actual es el tema de la descentralización. Esta dimensión, junto al fortalecimiento del poder local, están siendo reconocidos en las nuevas constituciones políticas como componente de la democratización y son apoyados por muchas instituciones internacionales como mecanismos de modernización del Estado.[1]

Siguiendo lo anterior, T. Quiroz (1999) comenta que el sentido común del “hombre moderno” se inclina a valorar positivamente la descentralización como medida técnica que nos lleva adelante en el camino de la muy necesaria Reforma del Estado en América Latina, argumentando además que existe un sector que aprecia esta medida como relevante para el proceso del desarrollo de lo cotidiano.[2]

En Chile, el Estado ha utilizado la descentralización como medida técnica que inicialmente estuvo sujeta a la desconcentración de lo administrativo elevando la eficacia y la eficiencia de las políticas, pero que posteriormente se le ha querido dar una orientación más ligada a la recuperación y al desarrollo de lo local, aunque no necesariamente se haya concretado.

Bajo las premisas de los procesos de descentralización es que se explica la necesidad de que los Estados de América Latina se encuentren en una fase de importantes transformaciones, que incluyen desde una redefinición de su rol hasta la reestructuración de la sociedad como forma de materializar la consabida idea de modernización del Estado.

Esta situación advierte cierta complejidad al momento de plantearse, ya que muchos ejemplos se inclinan hacia los cambios de regímenes más que al replanteamiento del Estado.

Al respecto D. Palma(1999) indica “el cambio que se dio en Chile, a partir del Plebiscito de 1988 y que se materializó en 1990, fue una transformación de régimen – de dictadura a democracia- pero el carácter y la forma de Estado permanecieron básicamente los mismos.”[3]

Por otro lado, esta demanda de modernización que han emprendido diversos países del continente, está sujeta a la discusión del método y la forma utilizada para llevar a cabo dicho fenómeno, en tanto se plantea la necesidad de establecer la diferencia entre modernización y modernidad, así como la relevancia de la complementariedad de una y otra.

En este sentido L. Bareiro y J. C. Riquelme (1997) aluden a autores como Norbert Lechner y Anibal Quijano para explicar este fenómeno: “la modernización aparece como la presión por parte de agentes externos a la región y principalmente en beneficio de sus intereses y hace referencia a los cambios y adaptaciones de una región a las necesidades a los cambios y adaptaciones de una región a las necesidades del capital, en su fase de maduración de su inter o transnacionalidad”; la modernidad esta referida aquella idea ligada a “la utopía de una sociedad sin ominosas jerarquías, ni arbitrariedad, ni oscurantismo...” [4]

Lechner (1990), advierte respecto a este tema, que Chile y Brasil son países que muestran gráficamente la situación de modernización autoritaria de la sociedad, intentando imponer una reorganización social global apoyándose en iniciativas estatales o en mecanismos de mercado. Es decir se produce despotismo justamente cuando la modernización no se conjuga con modernidad [5]

Los antecedentes entregados anteriormente sugieren el “paraguas” desde donde se sitúa la etapa que vive nuestro país en los últimos 15 años, demostrando tanto un crecimiento económico como un proceso de desarrollo que lo presenta hoy como una sociedad modernizada y globalizada. Este crecimiento económico estable y rápido comienza a fundarse hacia el año 1987 no sólo en políticas económicas apropiadas sino también en la existencia de un capital humano beneficiado por la inversión social acumulada en décadas pasadas.[6]

Es así como el proceso chileno ha establecido modernización en las diferentes instancias y niveles, incluyendo no sólo su aparato central sino también aquellos mecanismos en regiones que dependan de él, priorizando principalmente “modernización” más que “modernidad”. Junto con esto, se ha establecido -al menos en el ámbito del discurso- que con el crecimiento económico estable que se tiene actualmente, se deben establecer políticas sociales que favorezcan la equidad y el equilibrio social entre la población.

Sobre esta misma idea V. Guzmán (1990) plantea que existe consenso entre las fuerzas progresistas preocupadas por los efectos de la globalización económica y la necesidad de pensar en una nueva generación de políticas que aborde los costos sociales del ajuste y de la estabilización económica en la región. Al mismo tiempo llaman a recuperar el sentido de las políticas sociales como medios de integración y movilidad social, a la adecuación de los recursos humanos a los cambios productivos y a las políticas económicas.[7]

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NOTAS

[1] .Bareiro, Line, Riquelme, Kjane, “Nuevas voceras de la ciudadanía plena”, en Los Procesos de Reforma del Estado a la Luz de las Teorías de Género, IULA/CELCADEL, Cuaderno 26, Quito,1997.
[2] . Quiroz, Teresa, “Descentralización, políticas públicas e iniciativas hacia la igualdad de género”, en Autonomía Espacio y Gestión, LOM, Santiago, 1999.
[3] . Palma, Diego, “Las dificultades y los desafíos de la descentralización”, en Autonomía Espacio y Gestión, LOM, Santiago, 1999.
[4] . Bareiro, Line, Riquelme, Jane, “Nuevas voceras de la ciudadanía plena” en Los Procesos de Reforma del Estado a la Luz de las Teorías de Género, IULA/CELCADEL, Cuaderno 26, Quito, 1997.
[5] . Ibidem.
[6] . Cft. Pobreza en América Latina y el Caribe. Capítulo Cuatro, pág. 205, 206 s/f.
[7]. Guzmán, Virginia, “La Equidad de Género como tema de debate y de políticas públicas”, Feminismo en transición, s/l, 1990.